PORQUE ITALIA NO TIENE UNA COOPERACION DIRECTA CON COSTA RICA

articulo de Carlos Villalobos

País deberá devolver $15 millones a Italia
El Gobierno pidió ayer a los diputados ratificar un convenio con Italia mediante el cual acordó devolverle a ese país $15 millones (¢6.400 millones) como arreglo por un préstamo irregular que se usó para construir un dique flotante que nunca operó y los vientos destruyeron en Puerto Caldera.


Según explicó el ministro de Hacienda, Alberto Dent, el proyecto procura convertir en ley los alcances de un arbitraje entre ambos países en donde se le dio la razón a Italia. De aprobarse el convenio, permitiría a Costa Rica volver a recibir cooperación italiana, suspendida en 1990 como consecuencia de la pugna.

Si los diputados ratifican el acuerdo, Costa Rica deberá empezar a desembolsar de inmediato de su presupuesto $150.000 anuales solo para pago de intereses y cubrir la totalidad del pago en 17 años.

El “préstamo-ayuda” para construir un muelle flotante que serviría para reparar embarcaciones, se firmó en 1985, en la administración de Luis Alberto Monge y el dinero lo recibió el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

Esa entidad lo transfirió mediante otro convenio a una firma privada costarricense llamada Desarrollo Naval S. A. (Denasa), la cual se encargaría de construir el dique.

Sin embargo, en 1987, la Procuraduría General de la República (órgano que funge como abogado del Estado) declaró que el préstamo fue ilegal pues nunca lo ratificó el Congreso y además los fondos públicos se transfirieron en forma anómala a una empresa privada.

Por ese motivo, el gobierno de Óscar Arias Sánchez (1986-1990) decidió no hacer los pagos a Italia.

Fue en la administración de José María Figueres (1994-1998) cuando el país aceptó acudir a un arbitraje internacional para solucionar el diferendo y en 1998 ese órgano le dio la razón a Italia y obligó a pagar.

Desde 1987 se inició un proceso judicial en contra de un único imputado, Rodrigo Arauz, quien fungía como presidente de INCOP en el momento de refrendar el convenio.

Sin embargo, 12 años después, el Tribunal Penal de Puntarenas lo absolvió.

En 1993, los vientos arrastraron el dique abandonado contra el rompeolas y quedó destruido.

El nuevo camino
Con el antecedente del arbitraje y con el propósito de que Costa Rica recupere la ayuda italiana, el actual gobierno firmó el 4 de diciembre del año pasado el acuerdo definitivo con Italia en el cual se fija el monto de $15 millones y el plazo de 17 años para pagar, con seis años de gracia.

Sin embargo, este procedimiento no se podrá hacer efectivo sino hasta que el Congreso lo apruebe con el voto de 38 diputados.

Pero, ¿de dónde tomará el país el dinero para pagar?

El ministro Dent señaló que el presupuesto actual no considera esa partida dado que todavía no es ley. “En el momento en que lo sea sería incorporado al Presupuesto nacional vía presupuesto extraordinario y de ahí en adelante se incorporaría al pago de la deuda externa de Costa Rica en el presupuesto ordinario”, explicó Dent.

Sin embargo, el camino del convenio augura una fuerte disputa.

Al menos así lo anunciaron ayer Rodrigo Alberto Carazo, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y José Miguel Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN).

El primero dijo que revisarán “con lupa” el convenio pues para él, “el dinero se perdió y ahora quieren meter las manos en los bolsillos del pueblo para pagar por los abusos de un grupo”.

Corrales, por su parte calificó el acuerdo como “una barbaridad” y consideró “un acto bochornoso” que se pretenda pagar “con todo e intereses” un dinero que se perdió. “Con mi voto jamás pasará”.

Anoche ni Gerardo González, jefe de la fracción oficialista, ni Mario Redondo, presidente del Congreso, conocían detalles del proyecto por lo que prefirieron no opinar.

El dique no se usó y hay que pagarlo

• Resumen de la historia legal del frustrado dique seco.


El inicio. El 1° de agosto de 1985, el entonces presidente de INCOP, Rodrigo Arauz, firmó en nombre de Costa Rica el convenio de préstamo por $12,9 millones con el Banco Mediocrédito Centrale de Italia para construir un dique seco en Caldera.

Manos privadas. El mismo Arauz firmó un acuerdo para que la firma privada Desarrollo Naval S. A. (Denasa) se hiciera cargo del dique y trasladó los fondos provenientes de Italia.

Ilegalidad. El 5 de julio de 1987 la Contraloría General de la República declaró la nulidad del préstamos y del convenio con la empresa privada por no haberse adjudicado la obra por medio de licitación pública. El 7 de diciembre de ese año la Procuraduría General de la República declaró la nulidad de los actos. Sostuvo que no hubo una ley que facultara al INCOP a disponer de los fondos y que fue ilegal que los trasladara a una empresa privada.

Lo judicial. El 11 de diciembre de 1987 Ministerio Público dictó un requerimiento de instrucción formal contra Rodrigo Arauz. Luego se le acusó por los supuestos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. El funcionario fue absuelto por el Tribunal Penal de Puntarenas en noviembre de 1999.

Quiebra. En 1987 el Juzgado Quinto Civil de San José decretó la quiebra de Denasa.

La ayuda. En 1990, cuando el Gobierno tico ya tenía cuatro años de mora en la deuda con Italia, pues la ilegalidad del acto les impidió pagar, esa nación europea decidió suspender todo tipo de cooperación a Costa Rica, que en esa época se calculaba en $100 millones anuales.

Destruido. El 25 de setiembre de 1993 los vientos arrastraron la estructura abandonada hacia la orilla y lo destrozaron contra el rompeolas de Caldera.